Revista DEBATE
Marzo del 2009
Todavía resuenan en el Congreso las palabras pronunciadas por la Presidente, en ocasión de la apertura de sesiones ordinarias, referidas a mejorar el diálogo y la calidad institucional, cuando el apremio de la realidad política ha impulsado a su gobierno a proponer, de improviso, una alteración de la ley electoral vigente desde el año 2004, acercando las elecciones de octubre a junio. Los argumentos esgrimidos en el anuncio público hacen centro en el impacto de la crisis internacional y en considerar el acto eleccionario de octubre como “un escollo” –según la Presidente- en un camino que se presume escarpado y difícil.
Existen razones ideológicas, políticas y económicas para entender este nuevo golpe de efecto del kirchnerismo y todas apuntan a evidenciar un peligroso desgaste de la capacidad de gobierno en la Argentina. Decimos de “gobierno” porque el kirchnerismo concibe el poder en clave weberiana en donde la democracia como procedimiento es suficiente para otorgar legitimidad y no “gobernabilidad” porque la gobernabilidad democrática, en sentido estricto, no ha sido una prioridad del gobierno justicialista. Esto es así, si entendemos con Antonio Camou que “el logro de una adecuada gobernabilidad se basa en una serie de acuerdos básicos entre las elites dirigentes, los grupos sociales estratégicos y una mayoría ciudadana, destinados a resolver los problemas de gobierno. Cuando esos acuerdos se estabilizan y toman un carácter institucional, previsible y generalmente aceptado, se puede hablar de la conformación de un ‘paradigma de gobernabilidad’". Al actual gobierno peronista le basta con mencionar el último resultado electoral del 2007 para actuar en nombre de la voluntad popular.
La razón ideológica estriba, precisamente, en esa concepción weberiana del poder entendida como capacidad de hallar obediencia a partir de una legitimidad de origen. En este plan, el matrimonio presidencial sigue aplicando su ideología: no dialogar, ni consultar a los partidos políticos ninguna decisión, ni siquiera en tiempos de crisis en los que “el mundo se cae a pedazos”. Apenas se remite a un círculo áulico de dos o tres personas y encomienda a sus espadas en el Poder Legislativo refrendar sus medidas, relativizando al Congreso en su esencial condición de arena pública del debate republicano.
En todo el mundo la búsqueda de gobernabilidad democrática ante la incertidumbre colectiva impone el diálogo y el consenso para abordar las distintas soluciones. No hemos oído que en ningún país serio con sistema político presidencialista se considere que adelantar un comicio sea parte de alguna solución. Todo lo contrario, respetar y acudir al amparo de las instituciones e invitar al diálogo entre los candidatos John Mc Cain y Barack Obama fue el gesto de George W. Bush, un presidente debilitado y agobiado por la crisis económica y embarcado en dos guerras simultáneas.
La razón política del adelantamiento reside en la necesidad de frenar el estado deliberativo dentro del Partido Justicialista que ya ha conformado su “ala disidente” y que se nutre cada día con más adherentes. Adelantar el comicio para evitar la dispersión de legisladores oficialistas y conservar amplios retazos de poder políticos y económicos, se complementaría con la inevitable postulación de Néstor Kirchner como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires un bastión sobre el que está cifrado el futuro de su proyecto político. Por otro lado, la “viveza” lleva a que a la oposición se le recortan cuatro meses de campaña y se la sorprende en los aprontes de alianzas y decisiones que aún estaban en barbecho, de cara a octubre.
Las razones económicas son evidentes: en la hipótesis oficial, la crisis mostrará su cara más fiera en el segundo semestre. El acelerado deterioro de las cuentas públicas obligan a racionar las obras y las partidas presupuestarias necesarias para sostener el entramado de poder de este gobierno, así como obtener recursos mediante el blanqueo de capitales. Sin embargo, es posible que el adelantamiento enfríe aún más la economía ya que en situación de incertidumbre, en vísperas de una elección, los actores económicos toman actitudes defensivas desde la propia racionalidad económica individual. Como resultado, es previsible que esto tienda a profundizar los efectos negativos del crack internacional.
Algunos indicadores dan un atisbo de lo que vendrá: las exportaciones globales de Brasil, país vinculado al mundo y con una estrategia comercial de largo plazo, cayeron el 26,3% en enero y el 25,1% en febrero. Para nuestro país, el INDEC registra caídas del 24 % en las exportaciones de diciembre y del 36 % en enero. La retracción económica y las consecuencias sobre el nivel de empleo y la calidad de vida comenzarán a notarse en la calle en breve, razón por la cual la confianza de los ciudadanos en el gobierno se resentirá aún más.
En la compleja situación global y curiosamente, tanto Brasil como Chile muestran a sus gobernantes con altos índices de aprobación, reflejo de la gobernabilidad democrática alcanzada en estos años. Mientras que en la Argentina la crisis afecta en forma proporcional la consideración ciudadana del matrimonio presidencial.
El gobierno argumenta –siguiendo su lógica política de suma cero- que necesita el máximo apoyo popular/electoral para tener a mano las herramientas indispensables para afrontar la crisis mundial. Pero lo más probable es que después del 28 de junio cuente con menos legisladores y el Poder Legislativo reviva como ámbito de deliberación. Esta es una inquietante posibilidad del “día después”, una consecuencia directa de la huida hacia adelante del gobierno y del incumplimiento palmario de las promesas electorales de la presidente.
